Las instrucciones fueron dadas a través de un oficio, dirigido al procurador adjunto Frank Soto, director nacional de persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, así como a los doctores Juan Amado Cedano Santana y Jesús Fernández Vélez, procuradores de las cortes de apelación del Distrito Nacional y de San Cristóbal, respectivamente.
La comunicación dirigida a los magistrados precisa, “Por este medio, cortésmente, me dirijo a ustedes a los fines de instruirles realizar una profunda y exhaustiva investigación de los acontecimientos que han generado una polémica pública entre la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago y la procuradora fiscal de ese mismo distrito judicial”.
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