El Gobierno consideró anoche como inaceptable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al país por supuesta violación a derechos de inmigrantes haitianos entre los años 1999 y 2000 y reivindica el derecho que tiene como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.
En una declaración oficial leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Poder Ejecutivo, además de rechazar la sentencia de la CIDH, reiteró su condición de estado soberano.
“El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia del 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna,” señaló Rodríguez Marchena.
La declaración también señala que de la misma forma, sin que haya espacio a dudas, el Gobierno manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Indica que este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano.
El Gobierno también reiteró su compromiso con el sistema interamericano, pero, advirtió que cualquier interpretación antojadiza del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
“Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano”, señaló.
Asimismo consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal y puso como ejemplo de esto a la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.
Rodríguez Marchena señaló que es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación.
También enfatizó que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
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