SANTO DOMINGO. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) declaró que la práctica generalizada de sobornos establecida por la empresa brasileña Odebrecht en 12 países, incluida la República Dominicana, “obliga a los poderes públicos, particularmente al Poder Judicial, el Congreso Nacional y los demás órganos de control, a investigar todos los contratos suscritos y ejecutados por esta empresa en el país, identificar a los que distribuyeron y recibieron los sobornos, reunir las pruebas pertinentes y someterlos a la justicia para que se aplique sin contemplación alguna el régimen de consecuencias correspondiente”.
En un comunicado, la iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), considera que la existencia de sobornos de por lo menos 92 millones de dólares ya ha sido confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, por lo que este no debe ser el punto a probar, sino quienes fueron los destinatarios finales de esos fondos, sus intermediarios y cuál es el daño económico total causado al país.
Agrega que las leyes dominicanas obligan al sobornador, en este caso Odebrecht, a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían 184 millones de dólares, a lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos. Por lo tanto el Estado dominicano debe reclamar por lo menos 346 millones de dólares más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores.
El IDEM añade que la pretensión de ocultar los pagos por sobornos bajo el concepto de honorarios profesionales recibidos por representación comercial, obliga a las autoridades a identificar en qué cuentas se recibieron tales valores, y cuál fue su destino final, y además si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal. Sería absurdo que si la Odebrecht pagó comisiones legítimas, lo admita ahora como soborno, una práctica condenada en las legislaciones y tratados internacionales. Y más aún, que acepte pagar por ello una multa tan elevada como la acordada con la justicia norteamericana.
Las autoridades nacionales deberían seguir el enérgico curso marcado por otros países donde ya la empresa brasileña se ha comprometido a devolver las sumas involucradas, y en el caso de Colombia, además, han sido identificados y apresados los receptores de la coima, que allí fue de 11 millones de dólares.
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