Cinco abogados involucrados en el caso Operación Calamar aumentaron "su patrimonio de manera exorbitante" en pocos meses en el 2020, falsificando documentos públicos y privados y recurriendo al lavado de activos, según detalla el expediente acusatorio del mayor caso de corrupción investigado en los últimos cuatro años.
Solo los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández, adultos mayores, incluso, se lucraron con 1,500 millones de pesos y sobornaron con casi igual cantidad a funcionarios gubernamentales, indica el expediente.
Otro de los abogados imputados y quien admitió su responsabilidad en el desfalco al Estado y colabora con el Ministerio Público es Ángel Lockward Mella, quien entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024 devolvió a la Procuraduría General, de "manera voluntaria", 220 millones de pesos producto de la defraudación del erario, según la acusación que se depositó el pasado mes de abril por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
La supuesta estafa se efectuó en los últimos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando se pagó miles de millones de pesos por propiedades declaradas de utilidad pública y por la que están acusados también los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y otras 40 personas físicas y jurídicas.
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