La solicitud para que el delito de difamación e injuria sea sacado del proyecto de Ley para la Modificación del Código Penal y dejarlo a una ley orgánica, fue el tema protagónico en las vistas públicas celebradas ayer por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados .
Los expositores, entre ellos, ejecutivos de medios de comunicación, gremios y abogados, consideran que es el momento de corregir la diferencia que existe entre el Código Penal y la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento (6132) .
Mientras que el presidente de la comisión, Demóstenes Martínez, adelantó que a partir de las opiniones que recibieron el proyecto recibirá cambios profundos.
En la reunión, celebrada en el salón Hugo Tolentino Dipp, de la Cámara de Diputados, el doctor Rafael Molina Morillo, director del Periódico El Día, en representación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entregó a los diputados el anteproyecto de Ley de Libre Expresión, para su sometimiento y ponderación .
Propuso a los diputados eliminar del artículo 191 del proyecto todo lo que implique prisión como penalidad, y la eliminación total del artículo 193. Explicó que el proyecto que entregó se elaboró para sustituir la obsoleta Ley 6132, por encargo del ex presidente Leonel Fernández, y que estuvo a cargo de una comisión de expertos .
“Expresamos nuestra honda preocupación por la presencia en el citado proyecto de disposiciones que de ser aceptadas, solo significarán un vergonzoso retroceso en el camino hacia una plena democracia en nuestro país”, expresó Molina Morillo, quien también es representante del Centro para la Libertad de Expresión en el país. Mientras que el director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, dijo que lo que se está proponiendo es muy subjetivo y crea una situación para una fácil acción penal contra los ejecutivos de medios. Puso como ejemplo, de que cuando los medios recogen la opinión de una persona y alguien se siente difamado, a quien se acusa es al director .
Dijo que los congresistas tienen en esta oportunidad el momento para corregir la diferencia que existe entre el Código Penal y la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, a través de una moderna ley de comunicación .
En tanto que el ex embajador dominicano ante la OEA y abogado experto en el tema, Roberto Álvarez, considera como un retroceso de aprobarse como está, alegando que viola compromisos internacionales asumidos libremente por la República Dominicana .
Recordó que las decisiones internacionales son vinculantes para el país y la tendencia es despenalizar el delito de prensa .
Esa opinión es compartida por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien dijo que la corriente internacional propone multas .
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