FAPROUASD explicó que la empresa CASNU, que según sus investigaciones, operaba en un callejón del barrio La Yagüita de esta capital, fue favorecida por Aquino Febrillet y los demás funcionarios para la contratación de mobiliarios escolares, butacas universitarias, escritorios y sillas para los profesores.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Federación de Asociaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD) sometió al rector de la UASD por presuntamente favorecer a una empresa con una licitación de 52 millones 976 mil pesos.
En la instancia, sometida ante la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron sometidos, el Rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet y los funcionarios Emma Polanco, vicerrectora administrativa, César Ramos Vásquez, director de compra y suministro, Miguelina Brache Espinal, tesorera y Adam Peguero, gerente financiero y miembro de la comisión de compra de esa academia.
“La corrupción sea erradicada en la alta casa de estudios superiores, así como que los querellados paguen penalmente con todo el peso de la ley por cualquier delito cometido por el fondo de los contribuyentes asignados a la UASD, así como por el procedimiento turbio de contratación dolosa, en el cual incurrieron los querellados”, explica FAPROUASD en la querella.
La adjudicación del contrato, alegan, se convierte en favoritismo en violación de la ley 340-06 sobre Constataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Construcciones Públicas
FAPROUASD explicó que la empresa CASNU, que según sus investigaciones, operaba en un callejón del barrio La Yagüita de esta capital, fue favorecida por Aquino Febrillet y los demás funcionarios para la contratación de mobiliarios escolares, butacas universitarias, escritorios y sillas para los profesores.
La UASD adjudicó a la empresa CASNU, el contrato de servicios para la adquisición de mobiliarios escolares, dos días antes de producirse la licitación pública, según explican los querellantes en el sometimiento.
“A que los hechos punibles cometidos van desde desfalco, falsedad en escritura pública, coalición de funcionarios públicvos, asociación de malhechores, tráfico de influencia y prevaricación”, indica FAPROUASD.
La adjudicación del contrato, alegan, se convierte en favoritismo en violación de la ley 340-06 sobre Constataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Construcciones Públicas.
El contrato estipula lo siguiente, 5 mil 500 butacas a 8 mil 900 pesos pesos cada una, a un total de 48 millones 950 mil pesos.
Del mismo modo, 330 escritorios a 7 mil 700 pesos cada uno, par aún total de 2 millones 541 mil pesos.
También 330 sillas para profesores a 4 mil 500 pesos cada una, para un total de un millón 485 mil pesos
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