La Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) y el Movimiento Cívico Toy Jarto depositaron hoy una instancia en la Cámara de Diputados donde solicitan un juicio político contra el senador Amable Aristy Castro por las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en una auditoría realizada a la Liga municipal Dominicana en el año 2006.Según la auditoría, que fue dada a conocer por el programa “El Informe”, de la periodista Alicia Ortega, Aristy habría gastado más de 116 millones de pesos en un año en beneficios particulares.
La instancia fue depositada por Julio César De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de ADOCCO, y Elizabeth Mateo Pérez, presidenta de “Toy Jarto”. Quienes señalaron que Amable Aristy merece ser despojado de la senaduría y sometido a la justicia. Explicaron que la instancia fue depositada a través de la Cámara de Diputados porque así lo establece la Constitución de la República en su artículo 88.
Asimismo, señalan que en el artículo 33, numeral uno, establece que “la declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública sea o no de elección popular por un término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con apego a la ley.”
Esta decisión se adoptará con el voto de la dos tercera parte de la matrícula del Senado. Las organizaciones depositaron los documentos donde detallan las irregularidades encontradas entre las que figuran bienes no localizados en el inventario físico. “Pagos a beneficio personal de Amable Aristy Castro por valor de 116 millones 282 mil 888.78 y pago a sus familiares por valor de 494 mil pesos.
También, adquisiciones en comercios de parientes en Higuey por más de 84 millones de pesos. Así como la falta de recepción de productos y servicios que costaron 101 millones 735 mil 193 pesos. Además, de pagos por servicios no recibidos por 55 millones 294 mil 862 pesos”.
Alegan que la Constitución de la República, en su artículo 146 establece la corrupción será sancionada con la pena que la ley determine, cuando las personas sustraigan fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, obtengan para sí o para terceros, provecho económico.
Las organizaciones que solicitan el juicio político contra Aristy Castro piden que se nombre una comisión especial para que se inicien las investigaciones sobre las irregularidades atribuidas al senador mientras estuvo al frente de la Liga Municipal Dominicana.
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