José Ángel Gómez Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, ha vuelto al candelero con la acusación del equipo de Leonel Fernández de estar supuestamente detrás de la adulteración de los resultados de la Junta Central Electoral en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
No es la primera vez que políticos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le vinculan a supuestos hackeos o intervención.
En el año 2012 el PLD y nueve empresarios se querellaron contra Gómez Canaán entre quienes presentaron denuncia estuvieron Juan Vicini, Raúl Lluberes, Eric Periche, Carlos Manuel Bonetti, Bernardo Pichardo y Jacinto Peynado Álvarez. También presentaron denuncias los funcionarios Elías Wessin Chávez e Ignacio Ditrén y Regina del Río.
El apresamiento de Jochy Gómez se dio bajo un gran aparataje. La Fiscalía del Distrito Nacional explicó en aquella ocasión que el apresamiento de José Ángel Gómez Canaán (Jochy), quien en ese entonces era el gerente general del diario digital el Siglo 21, se debió a conexiones con dos extranjeros que llegó a suministrar apreciables cantidades de dineros en dólares, con el objetivo de crear una situación de saturación sabotaje o denegación de servicio en las redes de la Junta Central Electoral.
En aquella ocasión fue acusado de robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos.
En mayo de 2013 la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, declaró extinguida la acción penal en contra de José Ángel Gómez Canaán (Jochy), quien estaba acusado de robo de identidad y hackeo a cuentas electrónicas de por lo menos 44 usuarios privados, entre ellos empresarios, funcionarios y otras personalidades. La magistrada también dispuso el archivo del expediente.
En el año 2014 se repitió el fallo, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le ratificó la extinción de la acción penal en contra de José Ángel Gómez Canaán (Jochy), quien estaba acusado de robo de identidad y “hackeo” a cuentas electrónicas de por lo menos 44 usuarios privados, entre ellos empresarios, funcionarios y otras personalidades. La denuncia cayó por falta de acusadores, quienes desistieron de la acción penal.
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